¿Bonos Laborales Impagos? Servidores Públicos Llevan a la Contraloría a los Tribunales
La Asociación de Servidores Públicos de la Contraloría General de la República (ASP-CGR) ha interpuesto una demanda por daños y perjuicios de RD$580 millones. El motivo: el presunto incumplimiento en el pago de bonos de rendimiento individual a sus propios empleados.
El reclamo, que asciende a más de 300 millones de pesos en bonos, abarca un periodo de seis años, desde 2020 hasta 2025. El abogado Oliver Batía, representante de la ASP-CGR, calificó esta situación como un «abuso sistemático».
¿Qué Dice la Demanda?
La demanda ha sido presentada ante el Tribunal Superior Administrativo. En ella, la Asociación de Servidores Públicos exige que la Contraloría General de la República, dirigida por Félix Antonio Santana García, honre la deuda acumulada.
«Esto no es un simple retraso administrativo, es un abuso sistemático contra servidores públicos de carrera que han cumplido con su labor y han superado las metas exigidas», afirmó Batía. «Es hora de que la Contraloría cumpla la ley y respete a su gente».
El Marco Legal Que Sostiene el Reclamo
El abogado Oliver Batía subrayó que el derecho a estos pagos está respaldado por varias normativas.
- Ley 41-08 de Función Pública: Esta ley regula las relaciones laborales en la administración pública. Sus artículos 45 al 48 establecen que la evaluación del desempeño de los servidores públicos debe ser un mecanismo para determinar incentivos económicos.
- Decretos 523-09 y 527-09: Estos reglamentos complementan la ley, reconociendo el derecho de los servidores a gozar de «estímulos e incentivos de carácter moral o material». Además, establecen que estos incentivos deben estar previstos en el presupuesto.
- Resoluciones del Ministerio de Administración Pública (MAP): Batía también citó varias resoluciones que refuerzan este marco legal, como la No. 100-2018 y la No. 041-2020.
Posibles Consecuencias de la Demanda
La Asociación advirtió que el caso podría sentar un precedente para futuras demandas. Podrían ser demandados el Contralor Félix Antonio Santana García, el director de Presupuesto, José Rijo Presbot, y el Ministerio de Administración Pública (MAP).
El daño total, según Batía, asciende a más de 800 millones de pesos. La demanda, además de exigir el pago, busca exponer la supuesta falta de transparencia y el irrespeto a las leyes laborales dentro de la propia institución que debería velar por el buen uso de los fondos públicos.
