Por Rose Mary Santana<\/p>\n
Miami, FL. –<\/strong> La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expres\u00f3 satisfacci\u00f3n por \u00abun nuevo avance en materia de libertad de prensa en Rep\u00fablica Dominicana\u00bb, tras la anulaci\u00f3n de siete art\u00edculos de la Ley sobre Libertad de Expresi\u00f3n y Difusi\u00f3n del Pensamiento que \u00abcriminalizaban los delitos de difamaci\u00f3n e injurias en asuntos de inter\u00e9s p\u00fablico.\u00bb<\/p>\n El Tribunal Constitucional anul\u00f3 los art\u00edculos30, 31, 34, 37, 46, 47 y 48 de la Ley 6132 sobre Libertad de Expresi\u00f3n y Difusi\u00f3n del Pensamiento, en vigencia desde 1962, por considerar que violentaban el art\u00edculo 13 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, referente a la libertad de pensamiento y de expresi\u00f3n.<\/p>\n Pierre Manigault, presidente de la SIP y presidente del diario The Post and Courier, Charleston, Carolina del Sur expres\u00f3 que \u00abaplaudimos la eliminaci\u00f3n parcial de reglas que criminalizaban la palabra en asuntos de inter\u00e9s p\u00fablico, las cuales creaban un manto de autocensura en los medios y entre periodistas, lo que condicionaba la tarea fiscalizadora de la prensa y, por ende, el derecho del p\u00fablico a la informaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n El veredicto del Tribunal Constitucional respondi\u00f3 a un recurso de inconstitucionalidad presentado en febrero de 2013 por los directores de los peri\u00f3dicos El D\u00eda, List\u00edn Diario, El Caribe y por la Fundaci\u00f3n Prensa y Derecho, en el que demandaron la eliminaci\u00f3n de 11 art\u00edculos de la Ley que criminalizaban la labor period\u00edstica y de otros cinco del C\u00f3digo Penal que establec\u00edan penas de prisi\u00f3n contra los llamados delitos de palabra.<\/p>\n Mientras que Claudio Paolillo, presidente de la Comisi\u00f3n de Libertad de Prensa e Informaci\u00f3n de la SIP, agreg\u00f3 \u00abque ante este gran avance, la SIP siempre solicita que las penas civiles cumplan criterios de racionalidad y proporcionalidad, ya que en muchos casos las sanciones econ\u00f3micas pueden convertirse en serias limitaciones para los medios\u00bb.<\/p>\n Paolillo agreg\u00f3 que \u00abla instituci\u00f3n queda a la expectativa del pedido de los medios dominicanos para que se eliminen del C\u00f3digo Procesal Penal algunos art\u00edculos que mantienen el castigo carcelario, entre ellos, los art\u00edculos 368, 369, 370, 371 y 372\u00bb, seg\u00fan indic\u00f3.<\/p>\n Lament\u00f3 adem\u00e1s que todav\u00eda en la Ley 6132 queden algunas reglas que condicionan penalmente la plena vigencia de la libertad de prensa.<\/p>\n En los estatutos anulados se contemplaban varios delitos que iban de seis d\u00edas a un a\u00f1o de prisi\u00f3n contra periodistas, editores y directores de medios, en muchos casos con un efecto cascada, por denunciar hechos de inter\u00e9s p\u00fablico que autoridades o funcionarios jer\u00e1rquicos del pa\u00eds consideraran agraviantes.<\/p>\n Sin embargo, el fallo de la Corte Constitucional dej\u00f3 en firme cuatro art\u00edculos, 32, 33, 39, 40, que incluyen sanciones penales por delitos de difamaci\u00f3n en relaci\u00f3n a la vida privada de miembros de los poderes p\u00fablicos, de jefes de Estado extranjeros y sobre personas que se consideren agraviados seg\u00fan su origen y raza.<\/p>\n Los delitos de difamaci\u00f3n han sido despenalizados en Argentina, Barbados, Bermuda, Brasil, Chile (eliminaci\u00f3n parcial), Costa Rica, El Salvador, Grenada, Jamaica, M\u00e9xico, Panam\u00e1, Per\u00fa y Uruguay.<\/p>\n