Quienes no daban seguimiento a la situación política en Perú los últimos meses fueron sorprendidos con el hecho de que el pasado lunes el presidente de la nación, Martín Vizcarra, fue destituido por el Congreso a través de lo que legalmente se conoce en este país sudamericano como “moción de vacancia”.
El caso podría pasar como uno de tantos que han ocurrido en la historia de Latinoamérica, de líderes cuya reputación es enlodada producto de escándalos de corrupción, pero resulta que en Perú todos los presidentes y expresidentes en los últimos 20 años han caído en desgracia por esa razón.
El último en sucumbir fue Vizcarra, ingeniero civil de profesión, que fuera vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski, a quien sustituyó en el año 2018, tras la renuncia del segundo precisamente por un escándalo de corrupción relacionado a la constructora Odebrecht, caso por el que actualmente guarda prisión domiciliaria.
Pero antes de ser presidente ya Vizcarra había sido cuestionado como funcionario público cuando siendo Ministro de Transporte y Comunicaciones fue interpelado precisamente por el congreso en el año 2017, debido a la concesión del Aeropuerto de Chinchero, un caso por el cual terminó renunciando del cargo, y aunque la Procuraduría Anticorrupción lo denunció, el Ministerio Público archivó la causa.
Posteriormente a su salida del ministerio, Vizcarra fue designado embajador de Perú en Canadá, y finalmente asume la Presidencia del país tras la salida de Kuczynski, pero ¿por qué fue obligado a dejar la presidencia?
Resulta que el mismo Congreso que irónicamente, hacía menos de dos meses, lo había interpelado infructuosamente, volvió hacerle un juicio político por acusaciones de corrupción que databan de su gestión como gobernador de la región de Monquegua entre los años 2011-2014.
Lamentablemente para el político, en esta ocasión, y aunque se utilizaron testimonios no validados por los tribunales, se lograron más de los votos requeridos para declarar la vacancia de la presidencia. Unos 105 votaron a favor y solo 19 en contra, superando los 87 mínimo que exige la Constitución.
En este siglo todos los presidentes y expresidentes del Perú han caído en desgracia por casos de corrupción:
- Alberto Fujimori (período 1990-2000), condenado a 25 años.
- Alejandro Toledo (período 2001-2006), arrestado en EE.UU. y pedido extradición.
- Alan García (período 2006-2011), se quitó la vida debido a la acusación.
- Ollanta Humala (período 2011-2016), en libertad condicional.
- Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), en arresto domiciliario
- Martín Vizcarra (2018-2020), destituido
Daniel Pardo, para BBC Mundo, explicó esta semana que la tragedia del sistema político peruano se debe fundamentalmente a cuatro factores: la dualidad de sistemas semiparlamentario Vs. presidencialista, la configuración particular de la moción de vacancia, la fragmentación política y la corrupción estructural.
Ciertamente, lo que sucede en Perú parece trascender la mera lucha contra la corrupción, y más bien parece ser que la batalla electoral se ha traslado de las urnas a los mecanismos institucionales del Estado, para a través de estos últimos derribar a rivales políticos.
A Vizcarra lo sustituye ahora el jefe del congreso y dirigente opositor, Manuel Merino, surgido del mismo congreso al cual el primero mantenía a raya respecto a medidas calificadas de populistas e intereses electorales muchas veces desproporcionados.
Un panorama político gris parece cernirse en Perú nuevamente, como parece ser costumbre en las últimas dos décadas, pero ahora en medio de una pandemia que ha arrodillado hasta a las naciones más grandes del planeta, y previo a unas elecciones que deberían celebrarse en 5 meses, es decir, en abril del año 2021.
En las organizaciones políticas protagonistas de la reciente hazaña de destitución presidencial, Acción Popular y Alianza para el Progreso, no parece haber primado una estrategia política de largo alcance, y algunos analistas entienden que con lo ocurrido todos pierden, pues al final los efímeros ganadores pagarán la factura, y las protestas actuales en Perú podrían ser el inicio de ello.
“En Perú es más fácil vacar al presidente que condenar a un asesino”, dicen los peruanos.
Giovanni Sartori, un Dr. en Ciencias Políticas italiano, para definir la democracia, separaba el concepto en tres, democracia política, democracia económica y democracia social, pero agregaba que la primera define y determina a las otras dos, es decir, las instituciones políticas moldean los ámbitos de la economía y ciudadanía, por lo que en Perú parece haberse configurado, en lo que va de siglo, las condiciones precisas para una tormenta perfecta.
Tres presidentes se han juramentado en menos de cuatro años, el último, destituido teniendo una popularidad de más del 60%, interpelado por un congreso aparentemente impopular, donde muchos de sus legisladores son investigados precisamente por corrupción.
En toda esta situación de Perú, el sospechoso principal parecer un muy mal diseño del marco jurídico que configura el funcionamiento de sus instituciones políticas, uno que pareciera empujarlas a su propia autodestrucción, uno en donde podrían verse reflejadas otras naciones de la región.