Puerto Rico entre la espada y la pared

Por Jesús Rojas

El gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ELA, ha confirmado que no pudo hacer un pago de la deuda de $58 millones que debió hacer el 31 de julio a los acreedores, una medida que ascendía a un valor predeterminado, por primera vez en sus 117 años como una posesión de Estados Unidos desde 1898.

Funcionarios puertorriqueños habían advertido el día antes que no iban a hacer el pago, porque la legislatura de la isla no logró apropiarse de los fondos, pero alegan que no debería ser considerado como un defecto. Para la empresa calificadora Investor Services, de Moody, el pago no es el primero en lo que se cree será por defectos generales sobre la deuda del Estado Libre Asociado. El territorio sólo pagó 628-mil dólares de los intereses, diciendo que carece de los fondos para pagar el importe en su totalidad.

El pasado junio, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla sorprendió a los inversores cuando advirtió que la deuda de la isla, por un total de $72 mil millones de dólares, es impagable y requiere de reestructuración. Ello incluye las deudas contraídas no solo por el gobierno central, sino también por las corporaciones públicas, como las empresas de servicios públicos, y los municipios.

Puerto Rico es el tercer mayor emisor de deuda estatal y local en los Estados Unidos, sólo por detrás de California y Nueva York. Gran parte de la deuda de la isla está en manos de inversores individuales estadounidenses en fondos de cobertura, fondos de inversión u otras cuentas de inversión que plantean cuestiones sobre cómo la economía de Estados Unidos podría verse afectada ya que el ELA se ha atrasado en sus pagos de la deuda.
Debido a su estatus político, la isla no tiene ninguna protección por bancarrota, opción que permite la capacidad de reestructurar el fin del pago de la deuda. La bancarrota estuvo abierta como opción para municipios de la ciudad de Detroit, estado de Illinois, luego que se declaró en bancarrota en 2013. Pero ese beneficio no aplica para los territorios.
Hace dos semanas, los senadores estadounidenses Richard Blumenthal y Charles Schumer presentaron un proyecto de ley que otorgaría Puerto Rico la autoridad «para permitir a sus municipios y empresas de servicios públicos a reajustar sus deudas bajo la supervisión de un tribunal de quiebras.»

«Esta medida es vital para evitar una catástrofe humanitaria y financiera de un desastre claramente evitable», dijo Blumenthal en el momento. Agregó que «los acreedores, inversores, ciudadanos de a pie» se verían perjudicados si la medida no se aprueba.

Sin embargo, Schumer advirtió que «ya sea que podamos hacer lo correcto y dar a Puerto Rico la opción de la bancarrota que necesita y merece, o podemos correr el riesgo de esperar un desastre en la isla y tener que pagar después miles de millones en pagos de rescate.»

Los problemas económicos en Puerto Rico no son nuevos. Son fruto de una política continua de endeudamiento progresivo que comenzó a finales de los años 60 con la administración del gobernador Luis A. Ferré, (1968-1972), del anexionista Partido Nuevo Progresista, PNP; y fue fielmente seguida por Roberto Sánchez Vilella, independiente (1964-1968); Rafael Hernández Colón, (1968-1976), del estadolibrista Partido Popular Democrático, PPD; Carlos Romero Barceló, (1976-1984) del PNP; y Pedro Roselló, (1992-2000) del PNP.

Así como Sila Nazario Calderón, (2000-2004) del PPD; Aníbal Acevedo Vilá, (2004-2008) del PPD; Luis Fortuño, (2008-2012) del PNP; hasta el décimo gobernador actual, Alejandro García Padilla (2012-2016) del PPD. Los dos primeros, Jesús T. Piñero y Luis Muñoz Marín, de 1946 a 1968, sentaron los cimientos para el progreso inicial del desarrollo de la isla con el programa de industrialización denominado “manos a la obra.”

El territorio ha estado en recesión desde 2005, cuando el Congreso de Estados Unidos puso fin a un crédito fiscal diseñado para atraer negocios a Puerto Rico. Desde entonces, el territorio del ELA ha tenido que incrementar su cartera de préstamos para mantener la economía de Borinquen a flote.

Para el comisionado de Puerto Rico residente en Washington, Pedro Pierluisi, «la enfermedad de Puerto Rico es una condición crónica.» En un artículo reciente en The New York Times, atribuyó la crisis económica al estatus político al señalar que “la tasa de desempleo, la tasa de pobreza y el ingreso promedio por hogar han sido siempre mucho peor que cualquier estado de la Unión. La causa principal es la desigualdad.»

Pierluisi recuerda que el estatus político de Puerto Rico como territorio norteamericano, en lugar de un estado, ha dado lugar a un tratamiento de segunda clase. Los residentes de la isla no pueden elegir al presidente, senadores o representantes de Estados Unidos. Incluso, él mismo, es un miembro sin derecho a voto de la Cámara de Representantes.
«No es de extrañar entonces que Puerto Rico esté en recesión, tenga una deuda excesiva y esté sangrando población. El trato desigual a nivel federal, combinado con la mala gestión a nivel local, tiene un efecto debilitante sobre la economía de la isla.»

En conclusión, la crisis económica ha hecho que Puerto Rico deje de ser una “colonia perfumada de Estados Unidos” para convertirse en “un territorio amargado” cuyo futuro inmediato se debate entre la espada y la pared, y que busca remedios que serán difíciles en medio de una situación precaria que amenaza con empeorar con el tiempo y sin aparente solución a corto o mediano plazo, si el Congreso de Estados Unidos decide no actuar por ahora, hasta tanto invoque un mecanismo legal de excepción que permita tirarle un cabo a la isla y la saque del marasmo económico que atraviesa.