Por Jesús Rojas
La intensa campaña mediática internacional que tiene en marcha el gobierno de Haití contra la República Dominicana, que se perfila en diversos escenarios para inclinar la balanza a favor de sus ciudadanos como supuestas víctimas de racismo y xenofobia en nuestro país, confirma una vez más que las autoridades dominicanas avanzan por el camino correcto en las medidas que aplican para hacer lo que nunca se ha hecho: legalizar y organizar la presencia de extranjeros en la nación y ratificar su soberanía.
Ninguna generación moderna había escuchado tanto hablar de Haití en condiciones y en términos tan tensos como los actuales, después que el Tribunal Constitucional emitió su histórica sentencia 169-13 que traza “la línea Maginot” al definir quiénes son y quienes no son dominicanos, lo que ha sentado la pauta sobre cómo proceder en materia de reordenamiento migratorio con el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en el país.
Como un estado moderno, social y democrático de derecho, que garantice la dignidad del ser humano, el gobierno y el pueblo de la República Dominicana no pueden darse el lujo de permitir que su territorio continúe saturado con la presencia de extranjeros sin documentos ni con el aval legal de residentes legales que les permita tener igualdad de condiciones en términos de derechos y deberes ciudadanos.
Por esa decisión responsable del Gobierno Dominicano, que cuenta con el apoyo de la Iglesia, el empresariado, sindicatos, jóvenes, y hasta la oposición política, de reordenar el desorden que prevaleció durante muchos años, derecho inalienable que le corresponde en virtud del principio de soberanía nacional, se ha generado una respuesta venenosa de presión internacional para que se acepte como un hecho en la media isla lo que ningún otro país moderno permite y rechaza: la presencia indiscriminada de indocumentados.
El asunto de la presencia de haitianos ilegales en el país se ha polarizado de tal manera que se ha distorsionado la realidad. En primer lugar, el pueblo dominicano no ha sido uno racista, si se entiende como política de Estado, habiendo surgido de un crisol de razas. Por el contrario, ha mostrado solidaridad las veces que ha sido necesario, y más con los haitianos en desgracia. En segundo lugar, la Constitución de Haití estipula que los descendientes de sus ciudadanos en el extranjero son por línea natural de sus progenitores, ciudadanos de ese país. A Ellos les pertenecen. Que los recojan. Es lo menos que pueden hacer.
El embajador de Haití en Santo Domingo, Daniel Supplice, confesó al periódico haitiano Le Nouvelliste, el pasado sábado, que sus autoridades fueron las responsables de que muchos compatriotas no pudieran registrarse en el Plan Nacional de Regularización. La realidad es que el gobierno de Michel Martelly no desea un Memorando de Entendimiento sobre el Proceso de Repatriación. Dicha actitud fue rechazada firmemente por Gobierno Dominicano.
Que las autoridades en Puerto Príncipe prefieran gastar un millón de dólares en una fiesta callejera y otras veleidades, antes que otorgar los documentos necesarios a sus inmigrantes en el extranjero para que normalicen sus vidas en otro país, es una irresponsabilidad de marca mayor, como lo es la política de fomentar la emigración ilegal para evadir la responsabilidad política, económica y social con su pueblo, y encubrir con artimañas su compromiso de hallar soluciones conjuntas lo mismo en la frontera común que en el escenario internacional, donde tanta ignorancia prevalece en términos de historia y geografía.
Frente a la campaña de desinformación que propalan los voceros haitianos en la OEA, la ONU, los estados miembros del Caricom, en Estados Unidos, Barbados, Bahamas, Canadá, Brasil, Santa Lucía y otros países donde no desean a los haitianos de manera ilegal, pero sobre lo cual se guarda velado silencio a la hora de denunciarlos, perseguirlos y expulsarlos, el gobierno y el pueblo de la República Dominicana han ratificado con sus hechos un ejemplo al mundo que no puede ser opacado por más falsedades que se fabriquen ni más tramas sucias que se maquinen en los sórdidos y oscuros resquicios de las élites políticas de Haití, ni entre quienes hacen causa común con ellas.
La República Dominicana debe continuar con apego a la ley y a los principios del Derecho internacional, y hacer valer sus derechos por encima de quien sea. Lo ha demostrado en el pasado, y ahora no será una excepción. Como afirmara el magistrado Milton Rey Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, en un reciente seminario sobre la Constitución, la nación no es propiedad de nadie. Pertenece a todos y a todas. De los que se fueron a la vida eterna. De los que continúan aquí y de los que seguirán, porque es inmortal. ¡Viva la República Dominicana!