El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela excluyó este viernes al Parlamento, de mayoría opositora, del proceso de renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE). La Sala Constitucional del alto tribunal emitió una sentencia en la que declara la existencia de una “omisión legislativa” por parte de la Asamblea Nacional para nombrar a los nuevos garantes electorales. Actualmente, la mayoría de los rectores del CNE es afín al Gobierno de Nicolás Maduro. Con esta decisión, el Supremo venezolano, también dentro de la órbita del chavismo, se reserva el nombramiento de los nuevos miembros de la autoridad electoral y le otorga a esta instancia atribuciones legales adicionales para regular los procesos electorales.
La decisión judicial cobra especial relevancia si se toma en cuenta que este año están previstas, de acuerdo con la Constitución, las elecciones legislativas en el país. Maduro ha declarado que su Gobierno hará lo necesario para organizar la consulta en diciembre, “si la pandemia lo permite”. La asistencia a esta cita en las actuales condiciones políticas es descartada de plano por la alianza de partidos que apoya a Juan Guaidó, mayoritaria en el universo de la oposición. Los dirigentes opositores sostienen que las elecciones parlamentarias deben organizarse bajo un acuerdo que incluya también unas nuevas elecciones presidenciales. Su interpretación es que los comicios en los que fue reelecto Maduro, celebrados en mayo de 2018, fueron fraudulentos y han sido desconocidos por casi toda la comunidad internacional.
La sentencia del Supremo asesta un nuevo golpe al poder legislativo venezolano, en teoría el encargado de promover la selección de los miembros del CNE y de los propios magistrados del tribunal. Una vez que la oposición obtuviera una amplia victoria en las últimas elecciones de 2015 y lograra la mayoría de escaños, la Asamblea Nacional ha sufrido más de 20 vetos del Supremo y ninguna de sus leyes han entrado en vigor. La Cámara, elegida por unos 10 millones de personas, fue despojada de sus atribuciones por el alto tribunal y unos 30 diputados opositores electos están en el exilio.
El Supremo da respuesta con este fallo a una demanda interpuesta por un grupo de políticos opositores de línea moderada: Claudio Fermín, Timoteo Zambrano, Luis Augusto Romero, Javier Bertucci, Felipe Mujica, Rafael Marín, Juan Alvarado y Segundo Meléndez. Todos ellos forman parte de la denominada Mesa de Diálogo Nacional, plataforma de partidos minoritarios, sin presencia legislativa, críticos del desempeño de Juan Guaidó y defensores de un acuerdo con el Gobierno para asistir a unas elecciones organizadas en sus términos. Este grupo ha sido objeto de durísimas críticas en el debate público de la oposición por esta postura.
La medida del tribunal allana el camino para un acuerdo político entre los políticos chavistas y los integrantes de esa mesa de diálogo en lo tocante a la selección de los nuevos rectores, organización y fecha de los comicios legislativos, y ya convierte en muy probable la organización de unas elecciones parlamentarias promovidas por Maduro para este mismo año. Hace pocas semanas, el Supremo había emitido una sentencia reconociendo como presidente de la Asamblea Nacional a Luis Parra, un dirigente opositor que ha organizado una pequeña fracción disidente de diputados, acusada de corrupción, que pactó con el chavismo para intentar sacar a Juan Guaidó de la presidencia del Parlamento el pasado mes de enero.
Con la ratificación de Parra, en las filas de Guaidó dieron por hecho que el chavismo iba a procurar un acuerdo político con la fracción disidente para que fuera el Parlamento el que nombrara a los nuevos rectores electorales. El Supremo ha simplificado las cosas y ha decidido prescindir de Parra, tomando las decisiones por su cuenta.