Los accesos de la autopista Francisco Fajardo, que atraviesa de polo a polo esta ciudad de 6 millones de habitantes, tienen paso restringido por muros de cemento o vehículos policiales y militares que tapan vías, en un intento de las autoridades de reducir la circulación entre municipios y frenar al nuevo coronavirus.
Varias barricadas fueron instaladas en tramos que comunican con el concurrido centro de Caracas, zona de alta actividad comercial.
«A veces dan cancha libre y todo el mundo pasa, otros días amanecen más estrictos», cuenta Richard en Catia, una zona popular próxima al palacio presidencial de Miraflores en la que viven unas 600.000 personas. Conos de tránsito naranjas marcan allí los límites de los retenes policiales en sus principales vías, igual que en otros barrios humildes como El Valle o Petare.
Las barreras de la autopista se extienden hacia Plaza Venezuela, un punto clave con salidas hacia diversos puntos de la capital. Estructuras de cemento pintadas de amarillo obstaculizan el paso en las proximidades de la Universidad Central de Venezuela, la principal del país.
Sigue habiendo movimiento callejero con gente que, como Richard, sale a comprar alimentos, pero los bloqueos se ampliaron desde el 15 de julio, cuando Nicolás Maduro ordenó reforzar en Caracas y varios estados la cuarentena vigente desde mediados de marzo.
Militares y policías con tapabocas, máscaras plásticas y guantes vigilan.
Con 30 millones de habitantes, Venezuela acumula casi 18.000 contagios confirmados y 158 fallecidos según cifras oficiales, cuestionadas por organizaciones como Human Rights Watch al considerar que esconden una situación mucho peor.
Más allá de dudas, el propio Maduro reconoce un incremento de casos, con Caracas convertida en nuevo epicentro tras desplazar al estado Zulia (oeste, fronterizo con Colombia). «El coronavirus anda como loco por ahí», dijo este jueves el mandatario.
Desde el 1 de junio el gobierno socialista aplica un esquema de confinamiento que llama «7+7», que alterna siete días de cuarentena estricta, en la que se obliga a cerrar todos los comercios salvo los de sectores «esenciales» como alimentos o salud, con siete de flexibilización que permiten reactivar el resto de las actividades.