´La labor de Human Rights Watch como parte de los múltiples mecanismos que utiliza Estados Unidos para dirigir presiones a los Gobiernos, en la dirección que se acomoda a los intereses regionales de esa superpotencia, solo procura que la marejada humana que genera un Estado fallido e intervenido como Haití no llegue a sus costas´.
Santo Domingo.-El jurista Juan Miguel Castillo Pantaleón consideró este domingo que el Estado dominicano no debe seguir retrasando del proceso de aplicación de la Ley General de Migración, No. 285-04, y proceder a deportar a todo aquel que no calificó en el Plan Nacional de Regularización, que está en el país en una condición de ilegalidad migratoria, y que no se acogió a las generosas facilidades dadas por la Dirección General de Migración con el retorno voluntario, supliéndole hasta los recursos para el transporte.
´Quien no se acogió al plan, ni quiso aprovechar esas facilidades debe ser deportado´, expresó Castillo Pantaleón al ser entrevistado en el programa Toque Final que dirige cada domingo el periodista Julio Martínez Pozo por Antena Latina, canal 7.
Sin embargo, el experto constitucionalista afirmó que las acciones del Estado no van a funcionar del todo bien si el principal problema de atracción de esa población migrante no es atendido, ´ y hemos visto que no ha ido de la mano el trabajo de la Dirección General de Migración y del Ministerio de Interior y Policía, ni tampoco las políticas del Ministerio de Relaciones Exteriores, no estará completo nada de eso si el Ministerio de Trabajo no cumple con su función´.
En ese sentido, explicó que la Ley Migratoria y el Código de Trabajo establecen las sanciones por el empleo de mano de obra ilegal que es utilizada por ciertos sectores del empresariado y del comercio para maximizar beneficios, ya que a su juicio, el extranjero ilegal generalmente es más vulnerable, y es capaz de aceptar condiciones de trabajo deprimidas y de sobreexplotación.
Dijo que eso significa el aprovechamiento de la miseria de un núcleo muy vulnerable, y al mismo tiempo el agravamiento de la situación de desplazamiento de nichos laborales de los dominicanos más pobres, y entiende que no hay ninguna justificación ni jurídica ni ética que avale perjudicar a los más desposeídos.